Preocupa que alguna firma de colectivos pida una suba de boleto
Hasta ahora no hubo una convocatoria oficial pero circulan rumores de que se evalúa nuevo incremento de la tarifa del servicio público.
En las provincias, el transporte público atraviesa serias dificultades debido al corte, desde febrero, del Fondo Compensador con el que se subsidiaba a las
empresas de colectivos urbanos e interurbanos. Estas nuevas reglas del juego, más las paritarias del gremio de choferes de ómnibus (UTA) y la suba del boleto, han generado cuellos de botella, cuyas consecuencias recaen sobre las espaldas de los usuarios. En Salta, Jujuy y en Tucumán, el sindicato exige que el sueldo básico se equipare al que se abona en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), en Corrientes ocurre otro tanto, pero hasta ahora no hubo declaraciones oficiales por parte del sindicato ni por parte de las empresas o los funcionarios.
De todos modos, circulan varios rumores que generan intranquilidad entre los usuarios, porque ya la semana pasada la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap) advirtió, por ejemplo que el precio del boleto en Rosario (Santa Fe), de $940, debería subir a $1.200 para poder financiar los costos mínimos, entre ellos, los sueldos de los colectiveros, aunque eso impida que se realicen inversiones. Lo que no quita, que otro tanto ocurra en Corrientes.
Si bien, hasta ahora no hubo convocatoria a una reunión a los integrantes del Sistema Integrador de Movilidad Urbana (Simu), el organismo que evalúa los incrementos del boleto, no se descarta que alguna de las tres empresas concesionarias del servicio en esta capital haya presentado un pedido de incremento del boleto.
Quien señaló esto fue la concejal de la oposición (UxP) Mercedes Franco Laprovitta, quien también forma parte del Simu. En declaraciones a Radionord, al edil señaló que "oficialmente no he recibido ninguna notificación formal sobre un pedido de estudio del costo del boleto de pasajeros. Normalmente, recibimos una notificación por parte del municipio llamándome a la reunión, pero hasta ahora no hay ninguna información sobre una posible reunión al respecto", explicó. No obstante, mencionó que "es probable que alguna empresa haya ingresado un expediente solicitando incrementos debido al aumento en el costo del combustible y otros factores".
La concejal capitalina subrayó que aunque los empresarios pueden solicitar incrementos en el boleto cuando hay un aumento en los costos de mantenimiento y circulación de los vehículos, también existen numerosas obligaciones que los empresarios no están cumpliendo. "Esto es solo una parte del artículo; hay capítulos completos sobre las obligaciones de los empresarios que no se cumplen", afirmó.
Respecto de la crisis actual del sistema de transporte, mencionó la suspensión de algunos choferes y los problemas en el pago de salarios.
Franco Laprovitta expresó la preocupación de los vecinos de que los empresarios soliciten una corrección del precio del boleto exponiendo la suspensión de choferes y personal. También recordó que durante la última sesión en la que se aprobó la emergencia del transporte, se discutió la reducción de hasta un 75% en la frecuencia de los colectivos. "¿Quién determina ese 75%? Cuando hablamos de reducción, también hablamos de reducción de personal, lo cual es un terreno escabroso y nada conveniente", señaló.
Finalmente, destacó que uno de los reclamos más frecuentes de los vecinos es la necesidad de mayor frecuencia en los colectivos, ya que muchas veces los vehículos vienen tan llenos que los pasajeros deben buscar otros medios de transporte para llegar a sus destinos.
DESPIDOS
En paralelo a esto, durante la jornada de ayer, circuló una versión, que no pudo ser confirmada, que la empresa Transporte Miramar que había cesanteando a 26 choferes en mayo, ahora los habría despedido.
Según algunas versiones periodísticas, el grupo de 26 choferes de colectivos urbanos quedaron sin trabajo esta semana luego de cumplir dos meses de estar suspendidos en sus funciones y percibiendo solamente, un 60% de sus haberes.
Al parecer, ahora, tras los despidos solamente les pagaron un 50% de sus salarios ya que los cesantearon a través del sistema preventivo de crisis. Los afectados denunciaron que ni la Unión Tranviaria Automotor (UTA) ni la Secretaría de Trabajo de la provincia, los defendió. Cada uno de los trabajadores ahora está con asistencia legal particular.